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Boletín de prensa 31 de enero de 2011
EL TIEMPO
PROCURADURÍA DENUNCIA A EDGARDO MAYA VILLAZÓN POR 'CHUZADAS'
En otro caso de interceptaciones, Consejo de Estado inició investigación contra el ex procurador.
Dos años después del cierre de una sala de interceptaciones telefónicas, que funcionaba en el piso 22 de la Procuraduría, el caso pasó a ser examinado por el Consejo de Estado. El alto tribunal inició una investigación disciplinaria contra el ex procurador Edgardo Maya Villazón por haber ordenado 'chuzar' las líneas telefónicas de casi medio centenar de funcionarios de 16 entidades del Estado.
La denuncia contra Maya fue presentada por la misma Procuraduría y el proceso se encuentra desde hace seis meses a cargo del saliente presidente del alto tribunal, el magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo. El expediente incluye 37 carpetas con el seguimiento telefónico de líneas fijas y de celular hechas entre los años 2002 y 2008, ordenado por Maya.
La denuncia fue remitida al Consejo de Estado por la viceprocuradora Martha Castañeda, quien expresa que "el Ministerio Público tiene dudas sobre las competencias legales para el funcionamiento de la sala de interceptaciones, porque no cumplía con las disposiciones a las que deben ceñirse los organismos de Policía Judicial en el nuevo sistema penal acusatorio".
"Las interceptaciones se fundaban en la Ley 600 del 2000, que fue progresivamente desmontada por el nuevo estatuto penal", señala Castañeda en la acción disciplinaria que radicó en el alto tribunal.
Según la Viceprocuradora, las órdenes de escucha de líneas tampoco contaban con soportes válidos. En 36 carpetas no se encontraron aperturas de investigación previa de las personas que iban a ser objeto de seguimiento, el nombre del dueño de la línea que iban a 'chuzar', o la supuesta falta disciplinaria por la que se le investigaba.
La mayoría de las interceptaciones enviadas al Consejo de Estado son de funcionarios de la Procuraduría, pero también hay registros de interceptaciones a políticos locales y regionales; funcionarios de la Registraduría; y a miembros del Consejo Nacional Electoral, durante las elecciones del 2002 por "presuntas irregularidades en escrutinios" y "participación en Política".
Otros números, interceptados entre el 2003 y el 2006, son de personal del Ministerio de Defensa y del Ejército. La última operación registrada fue ordenada por Maya Villazón el 20 de octubre del 2008 para monitorear las llamadas de un número fijo y de 14 extensiones del conmutador de la Procuraduría.
La sala de interceptaciones funcionó hasta el 24 de febrero del 2009. En total, en la entidad se escucharon conversaciones de 421 teléfonos: 369 de líneas fijas y 52 móviles.
Tras la orden del procurador Alejandro Ordóñez de clausurar la sala, la Viceprocuradora asumió el caso y abrió investigación contra dos ex jefes de Investigaciones Especiales de la administración Maya: Luis Fernando Rodríguez Castro y Luz Dary Henao Acosta.
El proceso disciplinario de los dos ex funcionarios está en etapa de pruebas. EL TIEMPO trató de localizar al ex procurador pero no fue posible.
CONOZCA LAS 10 EPS DE LAS QUE MÁS SE QUEJAN LOS USUARIOS
Según Supersalud, en el 2010 se presentaron más de 65.000 reclamos de afiliados contra aseguradoras.
Cuatro meses lleva María, de 64 años de edad, esperando que la EPS Humana Vivir le otorgue una cita con el gastroenterólogo para establecer la causa exacta de sus dolores abdominales. Y el estado de salud de esta mujer, que vive en Ubaté (Cundinamarca), sigue deteriorándose.
María es uno de los 65.080 colombianos que el año pasado se quejaron ante la Superintendencia Nacional de Salud por problemas en la prestación de servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Y de acuerdo con el informe del órgano de control, la clasificación de las EPS contra las que más se quejaron los usuarios está encabezada por Humana Vivir.
Ligia Olaya, directiva de Humana Vivir, aseguró que hace 18 meses esta EPS cambió de dueños y que ya están invirtiendo en tecnología para unificar las bases de datos, con el propósito de ofrecer una mejor atención: "Esperamos que la sistematización nos permita agilizar las autorizaciones y reducir el número de quejas", dijo Olaya.
Después de Humana Vivir aparecen Solsalud, Salud Colpatria, Saludvida, Multimédicas, Nueva EPS, Aliansalud (antes Colmédica), Red Salud, Compensar y Salud Colombia. La Supersalud aclaró que este escalafón se elaboró teniendo en cuenta el tamaño de cada EPS y el número de reclamaciones por cada 10.000 afiliados.
Las EPS más grandes también aparecen en el listado. Saludcoop (con 4,9 millones de afiliados) tuvo 5.904 quejas; contra Coomeva (3,5 millones de usuarios) hubo 4.770 reclamaciones, y Salud Total (2,1 millones de afiliados) tuvo 3.296 quejas. Conrado Gómez, superintendente nacional de Salud, afirmó que los principales motivos de queja son la tardanza en la asignación de citas con especialistas, la demora en la programación de cirugías y la entrega incompleta de los medicamentos.
El diagnóstico, admite el Superintendente, no es nuevo.
De hecho, el último estudio de la Defensoría del Pueblo sobre las tutelas en salud concluyó que de las 152.000 tutelas presentadas en el 2009, las tres primeras causas de reclamo de los usuarios fueron por tratamientos (34.388 tutelas), medicamentos (22.994 tutelas) y cirugías (21.197 tutelas).
Gómez anunció más controles y sanciones a las EPS que les incumplan a sus afiliados: "Llevaremos a cabo operativos para constatar que los hospitales y clínicas de la red de atención de las EPS realmente tengan contrato y estén atendiendo a los usuarios. Si encontramos que no es así, podrían hasta perder su licencia", advirtió.
'HABRÁ FALLO EN MATRIMONIO GAY' : PRESIDENTE DE CORTE CONSTITUCIONAL
El magistrado González entregará en una semana el cargo de presidente a su colega Juan Carlos Henao.
Según el magistrado Mauricio González, no se ha eludido el tema y habrá decisión en próximos meses.
De los grandes temas que estuvieron en la agenda de la Corte Constitucional el año pasado, el del matrimonio entre parejas del mismo sexo será sin lugar a dudas el que mantenga a la expectativa a los colombianos, según el magistrado Mauricio González Cuervo, presidente de ese tribunal.
González, quien al hacer un balance de su gestión a una semana de terminar su periodo, dice que la Corte jamás ha rehuido el debate del matrimonio homosexual y anunció que "habrá una decisión pronto". En diálogo con EL TIEMPO destacó también que la reforma a la justicia y a la tutela serán los hechos que marcarán la agenda de la corporación en los próximos meses.
¿Ahora sí habrá decisión sobre la demanda que pretende instaurar el matrimonio entre homosexuales?
El matrimonio entre homosexuales es un tema sobre el que la Corte va a tener una pronta decisión. En este momento cursa una demanda y en los próximos meses esperamos contar con una sentencia.
¿Eludió el tema la Corte al rechazar una demanda inicial?
Incorrecta apreciación. Hay que tener en cuenta que, frente a las parejas del mismo sexo, la Corte ha tenido unos desarrollos jurisprudenciales de reconocimiento progresivo de sus derechos y eliminación de discriminaciones injustificadas. En pocos meses habremos de fallar y será una decisión que necesariamente va a impactar la Constitución.
¿Se necesitará una reforma a la Constitución para que haya matrimonio entre homosexuales?
Esta es una de las hipótesis de discusión; no es la posición institucionalmente adoptada. Pero, obviamente, una decisión de la Corte de exequibilidad se basaría en una interpretación de la Constitución que no riñera con esa posibilidad solicitada. Al demandar una norma legal de carácter civil que elimina el matrimonio como la unión entre hombre y mujer se está también, en el fondo, demandando la norma constitucional que sitúa en la decisión libre de hombre y mujer la esencia de la institución matrimonial.
¿El alto número de tutelas está congestionando la justicia?
Existen casos, indiscutiblemente, de abuso en la tutela, pero eso no explica el fenómeno de que sea tan utilizada por la ciudadanía. Aquí lo que ocurre es que hay una tendencia de utilizar la tutela para obtener decisiones prontas. A pesar de los progresos y en las decisiones judiciales.
¿Se debe restringir el uso de la tutela?
El asunto no se soluciona restringiendo el acceso a la tutela. Lo que se debe es mejorar la producción y la oportunidad de las decisiones judiciales y administrativas. Esperamos que las iniciativas de reforma que están en marcha en varios campos contribuyan a reducir la utilización de la tutela.
¿Debe haber tutelas contra sentencias judiciales?
La tutela procede contra cualquier autoridad y los jueces somos autoridades públicas, en consecuencia, las decisiones judiciales pueden ser susceptibles de acción de tutela. Este es tema de debate de una reforma a la justicia y la Corte ya lo ha sugerido.
Procesos de aforados, con doble instancia
¿En que se debe enfocar la reforma a la justicia?
Se requieren mecanismos que permitan superar el atraso histórico de los procesos, el diseño de procedimientos ágiles para solucionar situaciones de pequeñas causas y fortalecer la presencia de la administración de justicia en las zonas de mayor marginalidad y de conflicto social del país.
Debe existir doble instancia para procesos con fuero?
En mi opinión personal, y respaldando lo expresado por el magistrado Camilo Tarquino, el nuevo presidente de la Corte Suprema, sería sano que se universalice en Colombia el principio de doble instancia y que cobije también a los aforados.
JUDICATURA VOTARÁ ESTE LUNES PARA ELEGIR SU PRESIDENTE
Los magistrados elegirán el reemplazo de Francisco Escobar Henríquez.
Este magistrado, en unos días, cumplirá su periodo de un año.
Según informó 'la W' Radio, los principales candidatos para ocupar este cargo son el ex secretario del Congreso de la República Angelino Lizcano y Henry Villarraga.
Una de las propuestas de este Gobierno tiene que ver con acabar el Consejo Superior de la Judicatura y crear un Consejo Superior Judicial que administre la justicia.
Este organismo estaría compuesto por una Sala de Gobierno integrada por los presidentes de las tres Cortes y tres delegados.
VUELCO TOTAL A LA FISCALÍA, ANUNCIA VIVIANE MORALES
En entrevista con Yamid Amat, la Fiscal General plantea reformar el ente investigador.
La nueva fiscal general, Viviane Morales, anuncia una reestructuración de esa entidad a la que considera hoy "un paquidermo" y revela que prepara un proyecto de reforma constitucional y un proyecto de ley, para transformarla, "porque no hay gerencia ni buen gobierno".
Advierte sobre un inminente fallo de la Corte Constitucional sobre fiscales en provisionalidad que "podría provocar un colapso total en la institución" y se queja de que no exista una división de política criminal en la Fiscalía.
"Aquí no se pueden mover los fiscales que están en carrera. Los 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia sí son de libre nombramiento y remoción del Fiscal, pero examinaremos con detenimiento su desempeño. No habrá un remesón abrupto".
¿No, llegó usted pues con 'escoba'?
No, y menos en una entidad en la que hay una memoria institucional. El único mensaje para los funcionarios de la Fiscalía es que quien cumpla bien sus funciones, puede estar tranquilo.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos primeros días como Fiscal General?
El desorden administrativo es terrible. Además, estamos ad portas de una decisión de la Corte Constitucional que podría implicar la obligación de cambiar a mil funcionarios en la Fiscalía si decide que sigamos nombrando de una lista de elegibles que, en mi concepto, perdió vigencia desde noviembre del año pasado. Cambiar a 1.100 fiscales generaría un traumatismo enorme.
Pero la Corte ya ordenó que se entrara a proveer los cargos provisionales...
Es que ha habido tutelas sucesivas y posiciones enfrentadas entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y quedó aún una lista de elegibles. Hay 3.700 cargos que no salieron a concurso. La Corte Constitucional tiene la última palabra, para saber si esos cargos se deben llenar con esa lista de elegibles o se abre otro concurso.
¿Cuántos fiscales se perdieron con la anterior norma contra la provisionalidad?
Han salido muchos. La capacitación de los fiscales para el sistema penal acusatorio le costó a la Fiscalía 38 mil millones de pesos en los últimos a años, y perdimos una gran parte de esa inversión porque muchos no pasaron el examen.
Concretamente, ¿cuál es el riesgo que afronta la Fiscalía hoy frente al eventual fallo de la Corte Constitucional?
Que salgan 2.140 funcionarios que están en provisionalidad. Imagínese lo que significaría cambiar esos funcionarios, de los cuales a 1.100 son fiscales. Entre ellos, hay 100 especializados, que son los que combaten terrorismo, narcotráfico, secuestro, lavado de activos; 500 fiscales seccionales y 500 fiscales locales. Eso es desmantelar casi 5 unidades nacionales. ¿En qué tiempo capacito nuevos fiscales y cuántos recursos necesitaría?
¿Diría usted que la Fiscalía quedaría en peligro de colapsar si se produce el fallo?
Así es. Quedarían detenidos miles de procesos mientras los nuevos fiscales se capacitan y conocen los procesos.
¿La Corte Constitucional decidirá sobre el tema a propósito de qué?
De tutelas. Quienes quedaron en la lista de elegibles alegan que tienen un derecho, quienes están en provisionalidad dicen que tiene un derecho. Ante ese dilema, el Consejo de Estado le dio la razón a unos y la Corte Suprema a otros. Ahora tiene que resolver la Constitucional.
¿Por qué dice que lo más sorprendente es el desorden administrativo?
No hay gerencia. Un documento se demora tres días en llegar del despacho del Fiscal a un funcionario de la misma Fiscalía. El documento pasa por un archivo, se le pone un sello vuelve y baja; se le pone otro. Cuando llega a su destino, tiene a sellos y han pasado tres días. Eso no puede ser. La Fiscalía tiene una estructura demasiado pesada, tiene 20.800 funcionarios. Es un paquidermo. Y con semejante tamaño, ¿usted cree que aquí hay un departamento de política criminal? No hay nadie que se dedique al análisis criminalistas: para dónde va la delincuencia, quién roba y por qué matan. Nadie investiga. Es una Fiscalía con un peso grandísimo sin tener una estructura que la haga coherente.
¿Es por eso la sensación exterior de que la Fiscalía es morosa?
Creo que sí. Aquí adentro hay tanta falta de gerencia, de buen gobierno. Por ejemplo, yo tengo mil procesos. Mil procesos que tengo que llevar, porque así lo ordena la ley. Eso retrasa todo. Un fiscal delegado me hablaba del desencanto que les produce trabajar en la investigación y enfrentarse a la realidad de que el Fiscal General debe desacelerar, en algunas ocasiones, por la imposibilidad física de asumir cada caso personalmente.
¿Y qué va a hacer?
Hay que presentar un proyecto de ley para modificar la Fiscalía y adecuarla a las necesidades. Hay que crear una dirección de política criminal. Mire: el Vicefiscal General no tiene planta en su despacho; sólo dos profesionales universitarios que no ganan más de 3 millones de pesos y secretarias, y personas que contestan el teléfono. Y hay que articular las direcciones seccionales, que hoy se sienten lejos del nivel central.
¿Pero la reforma estructural que proyecta es para crear más cargos?
No. Se requiere una redistribución de funciones. Aquí hay demasiados cargos menores y no una verdadera planta de expertos en política criminal. El proyecto propondrá crear una dirección para ello. Habrá que crear algunos cargos de fiscales y de investigadores.
¿Todo se solucionará con ese proyecto de ley de reestructuración de la Fiscalía?
No. También presentaré un proyecto de reforma constitucional, para que el Fiscal General pueda delegar en fiscales ante la Corte Suprema los casos en los cuales tiene su competencia sobre aforados, y que solo asuma aquellos procesos que, por la gravedad o la resonancia nacional, deba tener.
A propósito, ¿en qué estado está la investigación sobre las chuzadas?
Se expidieron 17 órdenes de trabajo para recabar nuevos elementos probatorios, con un término de 20 días.
¿Llamará a declarar a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado?
Ella ya rindió un interrogatorio.
¿Y qué piensa de su decisión de asilarse?
Lo único que le digo es que, en mi ejercicio como Fiscal General, le daremos garantías completas a todas las personas investigadas: derecho al debido proceso, a la defensa. La justicia colombiana respeta las garantías.
¿No debió el ex presidente Uribe aconsejar el asilo por falta de garantías?
Los funcionarios públicos y quienes han sido funcionarios públicos tienen una obligación de comparecer y responder por sus actos. Eso es lo único que le digo. En el caso de esta y de todas las investigaciones se obrará con imparcialidad, rectitud, integridad y aplicación de todo derecho constitucional y legal.
Sobre el caso de los señores Nule, ¿es partidaria de que los fiscales sigan yendo al exterior a escucharlos?
No. El ejercicio de esa competencia se debe hacer en el país. Si se requiere una nueva declaración, los citaremos acá.
¿En qué estado está la investigación sobre la contratación en Bogotá?
Estamos ejecutando el programa metodológico de investigación. Todavía falta recaudar varios elementos probatorios.
¿Considera graves las denuncias que se han hecho sobre el llamado cartel de las contrataciones en la Alcaldía de Bogotá?
¿Quién no las consideraría graves?
Usted dijo cuando participaba en '6 am' de Caracol, que la doctora Sandra Morelli podría tener inhabilidades para ser Contralora. ¿Cuál es su posición?
Me pronuncié sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para aspirar al cargo. Por ello me declaré impedida para conocer sobre la denuncia formulada por esos hechos.
En el Congreso de EE. UU. hay preocupación por los derechos humanos aquí, especialmente en el campo del sindicalismo y "falsos positivos"...
En relación con el tema de sindicalista, se creó una unidad especial: hay 1.881 víctimas identificadas y 330 sentencias condenatorias. La unidad de derechos humanos es la unidad más grande que hay en la Fiscalía con 100 fiscales, y tiene a su cargo asuntos como el de los homicidios producidos en persona protegida por el Derecho Internacional, conocidos como "falsos positivos".
¿Cuántos homicidios hubo atribuidos a agentes del Estado?
Hay 2.950 agentes del Estado vinculados a las investigaciones por ese delito. Se han condenado 249.
¿Entonces sí hay razón en que la ley de reparación, por parte del Estado, a victimas del conflicto incluya a quienes han sido víctimas de agentes del Estado?
Sí. La única manera de reparar definitivamente a las víctimas es reconociendo esta realidad.
Ley de Justicia y Paz requiere más fiscales
¿Cómo ve la ley de Justicia y Paz?
Creo que ni el Gobierno ni los legisladores imaginaron lo que iba a significar esa ley de Justicia y Paz. Hasta el año 2005, que es cuando comienza a regir la ley 975 de 2005, se han documentado 170 mil homicidios, en las versiones libres se han confesado alrededor de 44 mil. En 5 años hemos recibido 2 mil versiones libres, faltan 17 mil más... Se tendrían que crear unos 30 fiscales especializados para escuchar a estas personas y resolver su situación. Es indispensable y urgente aumentar esa planta. Ahora, hay que tener en cuenta que estos procesos tendrán un elemento completamente nuevo: el acuerdo que tendrán que hacer estos desmovilizados con el Gobierno, para "la reconstrucción de la memoria histórica". Es reconocer que estos procesos complejos no pueden limitarse únicamente al molde de la verdad judicial procesal.
¿Muchos de los desmovilizados son miembros de las bandas criminales (bacrim)?
El general Óscar Naranjo advirtió que es el más grave problema que tiene hoy el país. Yo también lo creo. Ya no son autodefensas, ni antiguerrilla. Es el tráfico de drogas y el crimen. Son desmovilizados que se volvieron a reciclar.
YAMID AMAT
EL ESPECTADOR
NO ES UNA REFORMA POLÍTICA. TAMPOCO ES CONSTITUCIONAL
Como se indica en sus motivaciones, el texto aprobado por el Congreso, que actualmente hace trámite en la Corte Constitucional, es solo una actualización del régimen de partidos. El país seguirá debiendo una reforma política en serio.
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Probablemente muchos de quienes dieron trámite y aprobaron el texto de la reforma, versión 2010, se encuentren convencidos de que el ámbito político se reduce a lo que hagan o dejen de hacer el congreso y los actuales partidos. Les debe parecer que el ajuste a unas reglas de juego constituye una reforma política.
En tal sentido, aparte de aspectos de mecánica, quedan faltando precisiones respecto de otros, en verdad fundamentales, como las listas cerradas, verdadero cimiento de Institucionalización. Otro tanto ocurre con la ausencia de reglas claras y precisas acerca de la participación o no de los Partidos en el gobierno y los compromisos de estos y las bancadas. Sería el primer paso para tener una política “por encima de la mesa” y reducir el campo de acción a componendas y marrullas o politiquería.
La reforma no se refiere a formas de participación diferentes a la electoral como el control de la gestión de legisladores y gobierno, las veedurías ciudadanas y queda en deuda con la descentralización y el ejercicio de la democracia local. Sin embargo, esta reforma contiene un elemento que debe motivar la atención de los colombianos y la Corte Constitucional: la reducción del censo electoral “con machete” o lo que puede entenderse como un recorte al derecho de participación establecido en la Constitución.
Es conocido que el actual censo electoral se encuentra inflado y es bien baja su confiabilidad. La reforma expresa que “El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución Política. Es también el instrumento técnico, elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.
Pareciera planteado un dilema entre el derecho a la participación y la dificultad de hacerlo cumplir, un problema técnico, dadas las dificultades para depurar el censo electoral. El texto aprobado por el congreso, en lugar de conminar a la registraduría, otorgándole los recursos para hacerlo, opta por la vía facilista de reducirlo a quienes han votado recientemente o expresen su voluntad de hacerlo.
Aunque la electoral es solo una expresión importante de la participación y tampoco se pueda afirmar que quienes no votan se oponen o rechazan a los gobiernos o al sistema político, no es posible asumir, como lo hace la reforma, que un problema técnico se solucione sacrificando un derecho y pilar de la democracia y la Constitución. Uno que afectaría a más del 50% de los colombianos, si nos atenemos a los promedios históricos. No trata de aumentar la participación de los ciudadanos si no el número sobre el cual se efectúan los cálculos. Eso es absurdo pero también inconstitucional.
EL NUEVO SIGLO
AÑO Y MEDIO, Y AÚN NO ELIGEN GERENTE DE RAMA JUDICIAL
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra a la espera que la Corte Constitucional decida una tutela interpuesta contra el proceso
Desde agosto del 2009 la Rama Judicial se encuentra sin un gerente en propiedad que lidere los gastos e inversiones que ésta necesita para su buen funcionamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya un funcionario que actualmente desarrolle esta función, pues en el cargo hay un director ejecutivo encargado, pero tal como sucedió con la elección del Fiscal General y como lo han sostenido expertos en el tema, lo deseable es que haya un titular.
Pues bien, en este año y medio que ha pasado, dicho proceso ha estado rodeado de polémicas y desacuerdos entre los magistrados encargados de seleccionar la terna y los que hacen la elección final.
Actualmente el proceso se encuentra estancando, pues a finales del año pasado la Corte Constitucional así lo ordenó, hasta decidir de fondo una tutela, decidida en primera instancia, y que ordena reformular la terna.
Dicha tutela había sido interpuesta por uno de los participantes del concurso que abrió en Consejo Superior de la Judicatura para adelantar el proceso de elección del gerente de la Rama, quien es elegido por un período de cuatro años, alegando que los escogidos para integrar la terna no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.
Posteriormente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura acogió los argumentos de la tutela y le ordenó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, que es la encargada de formular los tres postulados al cargo, rehacer la terna. Conforme a esta orden, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la competente para hacer la elección.
Sin embargo, a mediados de diciembre pasado, la Corte Constitucional avocó la revisión de la tutela en mención, y le ordenó a la Sala Administrativa detener el proceso de elección.
Así que la última palabra en este proceso de elección que cumple 18 meses, la tendrá el órgano de cierre en materia de tutelas.
No obstante, la controversia en la elección del gerente en propiedad, inició a finales del 2009 cuando la Sala Administrativa se opuso a votar por la terna original al presentar objeciones contra las calificaciones de los postulados.
terna original estaba integrada por Arnulfo Bolaños, Sandra Lizeth Ibarra y Andrés Arévalo Pacheco. En el 2010 la Sala Administrativa advirtió que Arnulfo Bolaños estaba próximo a cumplir 65 años y debía retirarse forzosamente del cargo si era elegido; en cuanto a Sandra Lizeth Ibarra se dijo que tenía una especialización en economía y la norma exige una maestría; y por último, de Andrés Arévalo Pacheco se indicó que aprobó el concurso de notarios y ya había sido nombrado en la Notaría Quinta de Bogotá.
Este hecho hizo que se dilatara aún más el proceso, y se configuró un tire y afloje entre la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa, pues mientras la primera se mantenía en no cambiar la terna, la segunda se oponía a votar si no era modificada, hasta que fue interpuesta la tutela.
La nueva terna está conformada por Juan Carlos Abuabara Eljadue, Ernesto Orlando Benavides y Carlos Ariel Useda Gómez. Algunos han dicho que ésta lista tiene un problema legal, pues no cumple con la ley cuota de género, según la cual, toda lista a cargo pública debe estar integrada por mínimo un 30 por ciento de representación femenina.
Por ahora, tal como lo dijo el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior, Hernando Torres Corredor, la Corte Constitucional deberá definir cuál de las dos ternas es legítima, o si se deberá iniciar de nuevo el proceso, lo que lo demoraría varios meses más.
“Las dos ternas que teníamos por ahora están congeladas y no podemos tomar alguna decisión hasta que la Corte Constitucional decida de fondo, hasta que lo desate y resuelva si la última tiene validez o no, o si lo tiene la primera, o si hay que iniciar de nuevo el proceso”, le dijo a EL NUEVO SIGLO en ediciones pasadas.
Otras elecciones pendientes en la Rama
Después de salir del polémico proceso de elección del Fiscal General y de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a principio de año, como es costumbre, hay gran expectativa por saber quienes serán los dignatarios de las altas Cortes y sus respectivas salas y secciones.
Pues bien, dicho proceso ya se encuentra avanzado, pues la semana pasada se conocieron los nombres de los nuevos presidentes de la Corte Suprema de Justicia y sus respectivas Salas de Casación, del Consejo de Estado, y entre esta semana y la otra se sabrán los que faltan.
La próxima semana se espera que la Corte Constitucional elija al magistrado que fungía como vicepresidente de la corporación, como su nuevo presidente. Por este hecho, Juan Carlos Henao sería nombrado en dicho cargo.
Por el lado del Consejo Superior de la Judicatura, este año le corresponde la presidencia a su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y según las alianzas, el magistrado Angelino Lizcano sería el nuevo dignatario.
ESPERAN VIGILANCIA A APLICACIÓN DE LEY DE HABEAS DATA
A la espera de que sea implementada una unidad de vigilancia para la efectiva aplicación de la Ley de Habeas Data, se mostró el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Hace dos semanas la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a una empresa de telefonía móvil y a otra de televisión por suscripción con una multa por valor de 187 millones de pesos, a cada una, por las quejas de usuarios que fueron reportados a centrales de riesgo sin cumplir los requisitos de la Ley de Habeas Data o dejarlas mucho más tiempo de lo debido.
“Yo aspiro que con la nueva Ley de Habeas Data que acaba de aprobar el Congreso en diciembre, pueda existir realmente una unidad de vigilancia de la aplicación del derecho fundamental del Habeas Data que tienen los ciudadanos. Yo conozco muchos casos que no se han reportado, en donde instituciones crediticias, compañías de telefonía celular, especialmente establecimientos de comercio, no cumplen la Ley de Habeas Data porque desafortunadamente la Superintendencia tiene un muy reducido personal para cumplir esa función”.
Velasco, que fue autor de la primera Ley de Habeas Data y ponente de la segunda, señaló que la norma que fue aprobada en diciembre tiene previstos mecanismos para vigilar que efectivamente se cumpla. “La nueva ley crea una superintendencia delegada para el Habeas Data, para dedicarse a investigar la aplicación del Habeas Data. Entonces ahí si vamos a tener herramientas para combatir la violación de esta Ley”, le dijo el Parlamentario a EL NUEVO SIGLO.
En cuanto a la creación de esta superintendencia delegada, Velasco explicó que “el Gobierno tiene que comenzar a estructurarla porque la Ley lo ordena, pero como es una Ley estatutaria, en este momento debe estar en la Corte Constitucional recibiendo su estudio de constitucionalidad.
REVISTA SEMANA
LA EMERGENCIA SEGÚN SANTOS
Los decretos que firmó el presidente Santos tienen fuerza de ley. En muchos de ellos, el gobierno aprovechó para sacar por esta vía expedita reformas como las de vivienda y la venta de acciones de Ecopetrol, que tenía previsto pasar por el Congreso.
Los 37 decretos que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos por el invierno introducen cambios significativos en la organización del Estado. ¿El Congreso estará de acuerdo? ¿La Corte Constitucional los avalará?
Un magistrado auxiliar que revisaba los decretos de emergencia firmados por el gobierno estaba impresionado por el alcance del paquete de reformas y por la tarea que se echó encima de los hombros el llamado zar de la reconstrucción, el banquero Jorge Londoño. "¿Viene a ser como el supermán del gobierno?", le preguntó un colega. "Sí. O la Juana de Arco -respondió él-. Juana al final terminó quemada".
Y es que el país no se ha dado cuenta de la importancia que pueden llegar a tener los decretos con fuerza de ley que firmó el presidente Juan Manuel Santos en poco más de un mes (entre el 17 de diciembre y el 21 de enero) para atender la tragedia provocada por el invierno. En la historia reciente no se tiene memoria de un gobierno que haya utilizado una declaración de emergencia para hacer cambios de tan hondo calado como este.
Hasta hace poco, las figuras de excepción no eran bien recordadas en Colombia. El país vivió por mucho tiempo en lo que se conocía como estado de sitio, que consistía en que el presidente de turno tomaba para sí el poder y podía pasar, incluso, por encima de la Constitución. Entre 1970 y 1991, por ejemplo, Colombia vivió 17 de esos 21 años bajo esa figura. Y por eso la Carta Política les puso tatequieto a los estados de excepción, que ahora solo se pueden invocar en muy contadas ocasiones para que el Presidente profiera leyes urgentes sin pasar por el Congreso.
El presidente Uribe, por ejemplo, la invocó para crisis como las de la justicia, la salud, y la pirámide de DMG, así como al principio de su gobierno, cuando aprovechó para hacer el estatuto antiterrorista, y al final del mismo, por la crisis en la frontera. Varios de estos estados de excepción se cayeron en la Corte Constitucional.
Pero esta vez las cosas son diferentes. El sábado de la semana pasada, Santos anunció que su gobierno ya había completado el paquete de decretos de emergencia. Y al hacer una lectura juiciosa de ellos es claro que no se trata de una aventura dictatorial, como los de antes, ni tampoco pretende resolver un asunto puntual, como los más recientes.
A diferencia de otros estados de excepción, el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete están convencidos de que con este se puede cambiar la historia. En la entrevista que dio a Patricia Lara a comienzos de año en El Espectador, el mandatario dejó entrever cuál es su referente: "¿Sabe que, coincidencialmente, durante el gobierno de Roosevelt también hubo una gran inundación en Mississippi? -decía Santos-. Este libro cuenta cómo él vio en ella una oportunidad para reconstruir el país… Creó el Tennessee Valley Authority y con eso hizo maravillas…".
Ese, precisamente, es el corazón de los decretos: crear una agencia con el nombre de Fondo de Adaptación, que en teoría depende del Ministerio de Hacienda, pero en la práctica tiene más plata y más dientes que casi todos los demás ministerios. Se calcula que tendrá un presupuesto de entre quince y dieciocho billones de pesos, un monto que a duras penas iguala uno de los ministerios más poderosos del país como es el de Defensa.
Como si fuera poca esa novedad, el fondo se rige por las normas del derecho privado, es decir, no tiene que hacer licitaciones, ni concursos de méritos, y va a administrar los recursos a través de patrimonio autónomo. Y depende enteramente del Ejecutivo -es dirigido por Jorge Londoño y en la junta directiva están el Presidente, cinco ministros y cuatro dirigentes de la empresa privada-.
Darle tanto poder a una agencia como esta en la que participa el sector privado y no tiene ninguna injerencia el Congreso, por lo menos suscitaría una polémica académica. Pero en este momento, cuando el país está feliz con el gobierno y el Congreso aún no logra salir de su crisis de legitimidad, muchos consideran que esa es la única manera de lograr que la locomotora avance con la eficiencia que exige la emergencia.
Las funciones del Fondo son también de gran envergadura. Una de ellas es "construcción de todo tipo de infraestructura, de telecomunicaciones, de medio ambiente, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos". Obviamente, el decreto hace énfasis en que el Fondo operará en todo lo que se requiera con ocasión del fenómeno de La Niña, sin embargo, bajo ese paraguas queda con licencia para reconstruir medio país, pues en los considerandos de los decretos son 711 municipios los afectados y 737 vías averiadas.
Y ese, el del Fondo, es apenas uno de los 37 decretos. En los demás hay todo tipo de reformas igualmente ambiciosas. Está, por ejemplo, la creación de proyectos integrales de desarrollo para construir megasoluciones de vivienda, para los cuales se puede modificar incluso el uso del suelo. Sin duda, una ley muy útil para llegar a la meta de un millón de viviendas que se fijó el gobierno.
Hay también una reforma laboral, llamada 'empleo de emergencia', por la cual se puede contratar temporales sin el pago de los polémicos parafiscales que, como se recordará, fue tema de la pasada campaña electoral. El entonces vicepresidente electo, Angelino Garzón, llegó a decir que no se iban a tocar.
En otro decreto le meten el diente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Presidente le da permiso para acabar de un tajo la asignación de depósitos a terceros y para tomarse los bienes y hacer uso de aquellos que están en proceso de extinción de dominio.
Y en materia económica el paquete es jugoso. Podría decirse que durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no se alcanzaron a recoger tantos recursos como los que ordenan estos decretos: se vende el 10 por ciento de Ecopetrol, se cobra un nuevo impuesto al patrimonio aumentando la base y subiendo la tarifa, se extiende el impuesto a las transacciones bancarias, se redistribuyen los recursos del fondo de regalías, se toman otras medidas tributarias y alivios en las zonas francas.
Uno de los decretos que más han sonado es el que reduce la cantidad de las desprestigiadas corporaciones autónomas regionales (CAR), que han quedado en deuda en su tarea de ser autoridad ambiental, pero lo que se ha dicho menos es que en ellas tendrá ahora más poder el gobierno nacional, pues será el Presidente el encargado de nombrar directamente a sus directores.
En los decretos, además, aparecen figuras poco habituales como la expropiación de predios con indemnización, la suspensión de concesiones de obras viales que se vean afectadas por el invierno, el control en terreno de los contratos por parte de la Contraloría y la exención de pago de servicios públicos para los más afectados.
"¿Hasta qué punto se utilizan las medidas de emergencia para hacer otro Plan de Desarrollo?", se pregunta un constitucionalista experto. Y desde la Casa de Nariño responden: "Sí, eso suma para las metas del plan de desarrollo. Pero francamente no es el espíritu con que se diseñaron las normas".
A nadie le cabe duda de la necesidad de haber decretado la emergencia. Y nadie tampoco se puede quejar de que el gobierno sea ambicioso en su propuesta para hacer de la tragedia del invierno una gran oportunidad para dar un salto al desarrollo. En las próximas semanas los decretos serán objeto de estudio en el Congreso, en donde eventualmente convoquen a debates para discutir algunos temas puntuales, y en la Corte Constitucional. El alto tribunal analizará si las medidas que se están tomando con estos decretos están dirigidas específicamente a amortiguar los efectos de la crisis invernal o si van más allá de ella.
BESOS AMENAZANTES
Por Annika Dalén*
Resulta muy difícil concebir que dos mujeres que se dan un beso, sin hacerle daño a nadie, pueda ser considerado un hecho que merezca castigo.
En estos días ha llegado a la luz pública el caso de Carolina Díaz, una reclusa de la Cárcel Distrital de Bogotá quien fue sancionada a 30 días en el calabozo, es decir a una celda de aislamiento. ¿Su crimen? Fue vista por las cámaras de seguridad dándose un beso con otra mujer. Ninguna de sus compañeras se quejó, nadie denunció, pero aún así los funcionarios de la cárcel decidieron reportar el hecho al Consejo de Disciplina de la institución, el cual se encargo de encerrar de inmediato a Carolina por haber cometido supuestamente una falta grave, la de “conducta obscena”.
Carolina interpuso una tutela por violación a sus derechos al debido proceso, a la intimidad, y al buen nombre y solicito que fuera revocada la sanción. Sin embargo, el Juez 27 Penal Municipal de Bogotá no se pronunció hasta después de que Carolina ya había salido de sus 30 días y 30 noches de total aislamiento, y cuando falló consideró que por ser privada de la libertad, también se encontraba privada del derecho al libre desarrollo de su personalidad, por lo tanto no se pueden proteger ninguno los derechos reclamados.
Esto a pesar de que la jurisprudencia constitucional ha sido muy clara en que este tipo de derechos siguen vigentes a pesar de estar cumpliendo una condena. Asimismo, el juez argumentó que “no es posible reclamar la protección al buen nombre cuando el comportamiento de la persona no le permite a los asociados considerarla digna o acreedora de un buen concepto”. En otras palabras, por haberse besado con otra mujer, Carolina ya había agotado su derecho al buen nombre.
El derecho al debido proceso, que incluye el principio de proporcionalidad – que cualquier castigo debe ser proporcional a la violación cometida – no es uno de los derechos que pueden ser limitados. Nunca se aclaró en este caso cómo un simple beso puede ser considerado una “conducta obscena” tan grave que merece un encerramiento de alta seguridad durante 30 días, ni tampoco parece un castigo proporcional al hecho de no haber tramitado con anterioridad una solicitud de visita íntima para poder realizar el acto. Me pregunto qué hubiera pasado si el beso hubiera sido entre Carolina y un hombre y me atrevo a suponer que no hubiera pasado nada.
El problema es doble – por un lado que el Código Penitenciario clasifica “conducta obscena” como una falta grave, y por otro lado que lo que esto implica no se define en ninguna parte y por lo tanto puede ser interpretado de cualquier forma, dejando el campo abierto para considerar obsceno un beso solo por el hecho de ser entre dos personas del mismo sexo.
El caso de Carolina llegó hasta la Corte Constitucional pero, contrario a lo que se esperaría de una institución con fama de ser garantista de derechos, el tribunal determinó no pronunciarse sobre ninguna posible violación, sino que como el daño ya estaba consumado ya no había ningún derecho para proteger.
Sin embargo, este hecho no excluye la posibilidad de que el juez examine si hubo o no una violación a un derecho fundamental y si ésta ocurrió, el juez debe ordenar a la autoridad evitar esos atropellos en el futuro, más importante aún en el caso de la Corte Constitucional, por la función que ésta cumple en fijar la jurisprudencia constitucional sobre derechos fundamentales. Y sin embargo, en una parca y pobre sentencia, la Corte ni siquiera examinó temas tan esenciales como si es válido sancionar a alguien por un concepto tan vago como actos obscenos, si hubo o no discriminación por el hecho de se trataba de un beso entre dos mujeres, y si era o no un castigo legítimo y proporcionado mantener en aislamiento a una persona por 30 días por esa supuesta falta.
Es una lástima que la Corte Constitucional no haya aprovechado esta sentencia para definir esos trascendentales puntos.
Resulta muy difícil concebir que dos mujeres que se dan un beso, sin hacerle daño a nadie, pueda ser considerado un hecho tan amenazante que merezca tal castigo. Pero al parecer los besos que no se ajustan a la norma heterosexual que rige en nuestra sociedad son así de amenazantes para algunas personas. No es la primera vez que un beso entre dos personas del mismo sexo es castigado desproporcional y arbitrariamente.
La semana pasada una pareja gay fue sacada a la fuerza de un centro comercial por darse un beso. Y a raíz de un incidente en 2007 cuando dos hombres fueron detenidos y sufrieron abusos verbales y físicos por parte de la policía y guardias de vigilancia privada en el centro comercial Avenida Chile en Bogotá, la mesa de organizaciones LGBT de Bogotá, lanzó la campaña “Besos con derecho” para desenmascarar la homofobia y avanzar en los derechos en la vida cotidiana. Parece que es hora de revivir esa campaña.